Mandato Constitucional

De conformidad con el Artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado de Guatemala.






Asuntos constitucionales

Las actuaciones jurídicas de esta abogacía se basan en el Decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, “Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, así como Autos y Acuerdos de la Corte de Constitucionalidad, provenientes de toda clase de procesos, tanto administrativos como judiciales, es decir, casos en todas las materias del Derecho: penales, laborales, civiles, contenciosos administrativos, ambientales, de niñez y adolescencia, de familia entre otros. Así también cualquier disposición de carácter general conforme con la Constitución Política de la República de Guatemala.

Funciones

  • Promover acciones y evacuar audiencias en materia de amparo en defensa de los intereses del Estado.
  • Promover acciones de amparos e inconstitucionales, a requerimiento de las dependencias del área sustantiva, las que deberán remitir inmediatamente informe circunstanciado y antecedentes del respectivo proceso. Al concluir el amparo se devuelve el expediente a la dependencia que conoció en la vía ordinaria.

Laboral

Representa al Estado de Guatemala en procesos de carácter laboral en que sea parte demandante o demandado, planteando las acciones que en derecho correspondan, asumiendo la defensa de los intereses del Estado en los procesos de esta naturaleza promovidos en contra de los Ministerios, Secretarías y demás entidades que integran el Organismo Ejecutivo, desde su inicio, trámite, incidencia y finalización jurídica.

Funciones

  • Asesoría a los órganos y entidades estatales en procesos de materia laboral.
  • Defender los intereses del Estado de Guatemala como sujeto activo o pasivo en material laboral.
  • Al recibir notificación de amparos, inmediatamente remitirá informe circunstanciado y antecedentes del respectivo proceso al Departamento de Abogacías del Estado Área Constitucional.

Contencioso administrativo

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 221 establece el principio de control jurídico de los actos de la administración pública, es decir los Ministerios del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, Municipalidades, Superintendencias de la Administración Tributaría. El cuerpo legal aplicable para tal fin es la Ley de lo Contencioso Administrativo, de la cual es parte de manera obligatoria, la Procuraduría General de la Nación.

Funciones

  • Garantizar la intervención del Estado en todos los procesos promovidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrado por seis salas cuya sede está en la Ciudad Capital con competencia en todo el territorio nacional.
  • Ejercer la representación del Estado por disposición legal, en los procesos de problemas de administración pública, en que esta sea parte demandante, parte procesal o demandado, planteando acciones que en derecho correspondan.
  • Al recibir notificación de amparos, inmediatamente remitirá informe circunstanciado y antecedentes del respectivo proceso al Departamento de Abogacía.

Civil

Ejerce la representación del Estado de Guatemala en los procesos de carácter civil y económico coactivo, en que este sea parte demandante, demandado o tercero con interés planteando las acciones que en derecho corresponda. Además, vela por la protección y recuperación de los bienes del Estado, deducir la responsabilidad civil de funcionarios, recaudar los montos económicos a través de cobros de multas y sanciones impuestas por los Ministerios de Estado y otras entidades estatales, ejecutar la responsabilidad civil y de daños y perjuicios decretados en las sentencias judiciales.

Funciones

  • Defender los intereses del Estado en su actuación activa o pasiva en el área civil y económica coactiva.
  • Intervenir en los procedimientos administrativos en los que el Estado tenga interés.
  • Intervenir en los procesos de jurisdicción voluntaria cuando se convierten en contenciosos y medien intereses del Estado.
  • Coordinar con las dependencias relacionadas con los asuntos que se tramitan en los diferentes órganos jurisdiccionales.
  • Al recibir notificaciones de amparos, inmediatamente remitirá informe circunstanciado y antecedentes del respectivo proceso al Departamento de Abogacía del Estado Área de Asuntos Constitucionales.
  • Participar en las actividades que sean designadas por el Procurador General de la Nación.

Medio ambiente

Esta abogacía tiene a su cargo la investigación, verificación y búsqueda de soluciones que contribuyan a detener y eliminar los factores de contaminación, tala inmoderada de bosques y destrucción del hábitat humano, así mismo como todas aquellas actividades que pongan en peligro la salud de los habitantes de la República de Guatemala.

Funciones

  • En el área administrativa, solicita información a las diferentes instituciones rectoras en el tema ambiental, y así determinar las acciones a emprender para solucionar la problemática ambiental existente.
  • En materia civil, inician juicios civiles con instrucciones del Organismo Ejecutivo, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, los cuales tienen como objetivo implementar medidas de mitigación y suspender, determinada actividad que se desarrolla con impacto negativos al ambiente.
  • En lo penal, cuando se afectan intereses del Estado, se constituye dentro del proceso penal como agravio en representación de los recursos naturales, ejerciendo el derecho a la reparación digna.
  • Integrar con un miembro titular y suplente la Junta de Representantes de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, Atitlán y su entorno.

Penal

Ejerce la representación del Estado de Guatemala, por disposición legal, para ejercitar la acción de reparación digna, daños y perjuicios que se deriven de actos o hechos ilícitos en los que se afecten intereses estatales.

Funciones

  • Asesorar a los órganos y entidades estatales en procesos de materia de reparación digna, daños y perjuicios que se deriven de actos o hechos ilícitos en los que se afecten intereses estatales.
  • Defender los intereses del Estado de Guatemala como agraviado, querellante adhesivo o terceros civilmente demandado, dentro del ámbito de su competencia.
  • Al recibir notificaciones de amparos, inmediatamente remitirá informe circunstanciado y antecedentes del respectivo proceso al Departamento de Abogacía del Estado, Área Constitucional.