En el marco de la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la Nación, capacita a personal sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificado por Guatemala.

Es por ello que la Unidad de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría General de la Nación, llevó a cabo una capacitación sobre los Derechos fundamentales que tiene este grupo de la población.

Durante la plenaria, la Procuradora General de la Nación Gladys Annabella Morfin Mansilla, dio las palabras de bienvenida a dicha actividad. “Es importante respetar los derechos de las personas con discapacidad, esta actividad permite reflexionar no solo sobre sus derechos sino también permite que aprendamos sobre ellos”, enfatizó Morfin.

Otra perspectiva

En la antigüedad las personas con discapacidad eran excluidas, a tal punto que se creaban colonias específicas para ellos, este modelo fue utilizado durante mucho tiempo. “En la edad media se da un cambio más profundo y se ve a este grupo como objeto de la caridad de las personas y la iglesia”, explicó Francisco Urízar, experto en discapacidad.

Añadió que referirse a las personas con discapacidad como “pobrecito”, solo hace que ellos no puedan acceder a sus derechos. “El cambio inicia cuando los dejamos de ver con lastima y los vemos como sujetos de derecho que pueden acceder de acuerdo a sus capacidades a desarrollarse en la sociedad”, indicó Urízar.

Por su parte la licenciada Silvia Quan, quien estuvo presente vía Skype desde Ginebra, Suiza, asegura que La Convención se concibió como un instrumento de Derechos Humanos con una dimensión explicita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas deben poder gozar de todos los derechos y libertades fundamentales.

Ana Ruth Mérida, de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, añadió que en la vida real y practica las personas con discapacidad se ven sometidas a perjuicios que vienen a incapacitarlos, “por ejemplo que yo trabaje y mis padres manejen mi dinero, o no me dejen tomar mis propias decisiones, ese es un problema recurrente”, concluyó Mérida.