Las abogacías del Estado, por mandato constitucional, defienden los intereses del Estado de Guatemala en todos los juicios en que fuere parte y promueve la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten.

Es la unidad encargada de la protección de los derechos de las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, dentro del mandato de la Procuraduría General de la Nación como ente asesor y consultor de los órganos del Estado.